Ya está en marcha una iniciativa legal contra el feminicidio

Tania Montenegro

Era Sábado de Resurrección, aunque para Dina Alexandra Carrión González, de 36 años, prácticamente fue su Viernes Santo.

El 3 de abril del año pasado, Dina tenía dos meses de haberse divorciado y aunque ya había negociado el monto de la pensión alimenticia con su ex esposo, Juan Carlos Siles Saravia, no se ponían de acuerdo en cómo compartirían la custodia de su hijo de seis años, según nos cuenta Aída, hermana mayor de Dina. Por eso, aunque ya no eran pareja, todavía habitaban en la misma casa en la residencial Las Cumbres de Managua.

Eran las vacaciones de Semana Santa y Dina suspendió el paseo al mar con Valeria, su otra hermana, para ir a Managua a traer a su hijo y regresarse. Cuando llegó a buscar al niño, se encontró con que su ex no lo había llevado, por lo que prefirió esperar a que volviera de la casa de los abuelos paternos, según la versión que nos cuenta Aída, que reside en Miami, Estados Unidos. 

Cerca de la medianoche, hora nicaragüense, los papás de Dina, que visitaban al resto de sus hijos en Miami, recibieron una llamada devastadora: su hija fue encontrada muerta de un tiro al corazón en el jardín de su casa. Decían que era suicidio.

Aída nos relata que la versión oficial que les dieron es que el ex marido estaba en el segundo piso de la casa oyendo música y que cuando salió al jardín divisó un bulto, que resultó ser Dina ensangrentada. Nadie más estaba en el lugar.

“En cuanto nos dimos cuenta, no dudamos que él la había matado, porque tenían antecedentes de violencia. Desde que jalaban controlaba cada paso de Dina y ella le tenía miedo. Luego de la separación él la amenazaba con quitarle al niño y así la tenía sometida”, nos relata Aída.

Luto nacional

La familia Carrión González no aceptó la versión de la Policía, abrió un proceso legal y comenzó una campaña pública para exigir que se aclarara “el asesinato de Dina”. Para esta familia, Dina es una de las 89 mujeres nicaragüenses que murieron en el 2010 a manos de sus parejas, ex parejas y otros hombres cercanos, según las cifras recolectadas por la Red de Mujeres Contra la Violencia.

El reporte de la Red indica que las víctimas tenían entre uno y 75 años, nueve de ellas eran menores de 10 años y fueron asesinadas para vengarse de sus madres. Además, la mayoría fue violada, decapitada, cortada en pedazos y garroteada, para mencionar los detalles más usados por los agresores antes y durante su muerte.

La impunidad o falta de castigo que reclaman muchas familias como la de Dina, podría reducirse con la aprobación de una ley contra la violencia hacia las mujeres, que detalle delitos específicos que se cometen en nuestra contra.

Desde hace varios años diversas organizaciones estábamos inconformes porque la Ley 230, para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, además de ser insuficiente, había sido mal aplicada en muchos casos. Desde que entró en vigencia el nuevo Código Penal en 2008, el contenido de esta ley fue incorporado como una agresión más en el capítulo de Lesiones y riñas tumultuarias.

Una de las cosas que perdimos es que se dejó de hablar de lesiones sicológicas, que son los daños emocionales que nos quedan por la violencia. En este período, abogadas de centros de mujeres comentan que ahora es muy difícil demostrarlas, porque cada juez o jueza interpreta a su manera qué es una lesión leve, grave o gravísima, la clasificación actual.

“Además el problema con el Código actual es que no entra ningún otro tipo de violencia, sólo la que ocurre en el hogar y nosotras la vivimos en la calle, el colegio, los centros de trabajo, el bus y en diferentes ámbitos”, nos comenta Evelyn Flores, abogada y miembra de la Red.

La base del delito

La violencia contra las mujeres, también llamada violencia de género, incluye todos los actos mediante los cuales se nos discrimina, ignora, somete o se nos pone en segundo plano en los diferentes aspectos de la vida. Se trata de cualquier acto intencionado que nos cause sufrimiento, daño físico, sexual, sicológico o la muerte, tanto en el mundo privado como en el público, según define la Organización de las Naciones Unidas.

También incluye la amenaza y el encierro y puede ocurrir no sólo en el hogar, sino en el vecindario, la calle, el trabajo, la escuela, el centro de salud, la Policía o cualquier otra delegación estatal, para dar algunos ejemplos.

Aunque no tengamos mucha conciencia, la sociedad promueve creencias, valores, actitudes y prácticas que sostienen y reproducen la desigualdad entre mujeres y hombres. Esto provoca que se nos haga a un lado, se nos rechace o limite y no tengamos las mismas oportunidades de estudio o trabajo, además de presionar a los varones a actuar de forma violenta y dominante, para demostrar su hombría.

Por el hecho de ser mujeres tenemos más probabilidades de que una persona conocida nos agreda físicamente o nos mate, a menudo nuestra pareja u otro miembro de la familia, según el Informe Mundial de Violencia y Salud de 2002. También corremos más riesgo de agresión o de explotación sexual desde chiquitas hasta que somos adultas.

Si vemos el panorama nacional, todos estos datos encajan perfectamente: la mayoría de las 89 mujeres asesinadas el año pasado murieron en sus hogares, que suponemos es el sitio más seguro, a manos de hombres conocidos, según el reporte de la Red.

“Esto no puede seguir ocurriendo, en la calle te andás cuidando la espalda y dentro de la casa también, vivimos en una inseguridad permanente”, nos insiste la abogada Evelyn.

La justicia pasa de largo

Somos muchas las que demandamos que el Estado responda como debe a esta problemática, ya que cuando las mujeres buscamos justicia hay más dificultades que respuestas. Aída Carrión, hermana de Dina, dice que su familia considera que la recolección de pruebas que hicieron oficiales de la estación cinco fue insuficiente y que estaba claro que el ex esposo fue el asesino.

Ella cuenta que el día de los hechos, una tía fue al sitio a confirmar qué había ocurrido y aunque gritó llorando en el portón de la casa, no la dejaron entrar ni por ser la única familiar presente. Aída asegura que ni siquiera les querían entregar el cadáver, “la familia de él por cuenta hasta pretendía incinerarlo sin nuestra autorización”, nos comenta.

“Fueron varias cosas, comenzando porque la bala no coincidía con el arma que tenía al lado. Cuando por fin recibimos el cadáver preparado, vimos que bajo el vestido ella tenía rasguños y moretones en las pantorrillas, como si hubiera corrido y se hubiera arañado en el monte.

“Cuando por fin nos entregaron la copia del dictamen forense, éste decía que las hormigas habían hecho eso porque el cuerpo permaneció tirado varias horas en la grama, ¿qué clase de explicación es ésa? Por eso decidimos iniciar una investigación paralela”, cuestiona Aída con indignación y lágrimas.

Iniciativa esperanzadora

Testimonios como los de esta familia abundan en nuestro país. Pero hay una luz en el horizonte que podría cambiar las cosas, ya que en octubre del año pasado entró en la maquinaria de la Asamblea Nacional el anteproyecto de Ley contra la violencia hacia las mujeres, que elaboró el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra junto con 17 organizaciones más, en su mayoría miembras de la Agenda Económica de las Mujeres.

Este anteproyecto fue aceptado por la Asamblea el 1 de diciembre pasado. También sabemos que Alba Luz Ramos, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, presentaría otra propuesta de ley del mismo tema, aunque a finales de enero, antes de que esta revista entrara a imprenta, el documento todavía no era público.

La Asamblea Nacional hará un solo documento de ambas propuestas y se espera su aprobación en marzo. “El paso siguiente es que esta ley debe consultarse ampliamente antes de su aprobación final”, nos explica Evelyn.

¿Reformar el Código o nueva ley?

Con las reformas al Código Penal hemos tenido amargos desencuentros, nos dice Herenia Amaya, abogada y miembra de la Comisión Coordinadora de la Red. Y nos explica que tanto la Ley 230 como la 150, que hablan de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, quedaron cambiadas en el nuevo Código Penal y para evitar futuras decepciones es mejor crear una ley autónoma especial.

“Esto nos permite definir formas de violencia, poner medidas y además procedimientos para que se cumplan”, coinciden tanto Evelyn como Herenia.

“Necesitamos que exista un marco jurídico legal que respalde la vida de las niñas, adolescentes y mujeres, ya que el Código Penal vigente no contempla como tal las diferentes formas de violencia”, nos dice por su parte, Johana Arce, abogada del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, MEC.

Y añade que vivimos en una sociedad patriarcal que atenta contra lo establecido en la Constitución Política, nos argumenta Johana.“Cuando una mujer llega a la Comisaría, la revictimizan o la citan a mediación con el agresor, entonces las mujeres se desaniman ante un sistema injusto que no te da respuestas”, agrega la abogada Herenia.

El anteproyecto presentado por el MEC

Acá presentamos una breve reseña del anteproyecto que ya está en la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia y en la de Justicia de la Asamblea:

La ley busca actuar contra la violencia hacia las mujeres de acuerdo a los principios de igualdad y no discriminación y establecer medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia, además de asistir a las víctimas. La propuesta contiene 88 artículos donde se explican los conceptos a utilizar, cómo se garantizará que se cumpla esta ley, qué instituciones son las responsables y los delitos a perseguir: femicidio, violencia sicológica, física, sexual, patrimonial, económica e institucional. Lo que hace es incluir nuevos delitos y mejorar algunos que ya contiene el Código Penal, apuntan Johana y Evelyn.

Propone que el sistema educativo fomente valores que no sean machistas y maneras de resolver los conflictos sin usar la violencia. Sugiere que haya atención 24 horas todos los días del año en las Comisarías de la Mujer y que familiares cercanos pongan denuncia si la mujer no se atreve.

Además ofrece medidas de protección y prohíbe la mediación en estos casos. También establece la creación de refugios, que haya juzgados especializados y que las penas por los diferentes tipos de violencia sean de tres a 20 años por distintos delitos.

No al feminicidio

“Un aspecto fundamental es que se detalla el delito y la sanción para quien da muerte a una mujer bajo determinadas circunstancias, lo que nombramos como feminicidio”, nos dice la abogada Evelyn.

Johana agrega que el delito no puede juzgarse como homicidio porque éste aplica cuando cualquier persona le da muerte a otra sin planearlo y esto no pasa con mujeres que ya habían experimentado diversos tipos de violencia antes de morir. Tampoco aplica Parricidio, que es cuando un familiar mata a otro, porque incluye a otros miembros de la familia, manifiesta.
 
La Misión internacional de la campaña regional Por el Acceso a la Justicia de las Mujeres, que visitó nuestro país en noviembre pasado, identificó fallas jurídicas, de políticas públicas y de una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres en nuestro país. “Es un problema con hondas raíces culturales donde se valora la superioridad del hombre y la inferioridad y subordinación de la mujer a ellos”, escribió Julia Monárrez, miembra de la Misión.

Una sugerencia fue la creación de una ley integral contra la violencia de género y que se incluyera ayuda económica para las víctimas. Ojalá que esta ley sea una realidad lo más pronto posible y no haya ¡ni una muerta más!

Hagamos escuchar nuestra voz

Dado que tenemos derecho a expresar nuestras necesidades y opiniones y que el Estado las tome en cuenta, es importante conocer en primer lugar las dos iniciativas y estudiarlas, nos sugiere Herenia Amaya, abogada de la Red de Mujeres Contra la Violencia.

Hay que convocar a diversas organizaciones, revisar las propuestas y enriquecerlas, y una vez que se abra este proceso de consulta, exigir a las autoridades que incluyan nuestros aportes, agrega la abogada Johana Arce.

“Tenemos derecho a la participación ciudadana, así que busquemos a diputadas y diputados departamentales y nacionales para que escuchen lo que tenemos que decir. Tenemos derecho a vivir libre de violencia y por eso necesitamos un marco jurídico que nos ayude a conseguirlo”, finaliza la abogada Evelyn Flores.

El texto del anteproyecto está en http://www.asamblea.gob.ni/index.php?option=com_wrapper&Itemid=177