Mujeres de la RAAN nos cuentan cómo el sistema legal, la cultura y la lejanía obstaculizan su acceso a la justicia

Ileana Lacayo y Tania Montenegro

Cumple 15 años y una sonrisa tímida se refleja en su carita. Esta niña, a quien llamaremos Andira, comparte pastel y refrescos con otras chavalas y mujeres. Está rodeada del cariño de esta familia temporal, que le ayuda a recuperarse de la violación a la que sobrevivió hace dos años en su comunidad.

Todas están en el Albergue Nidia White para sobrevivientes de violencia en Bilwi, cabecera departamental de Puerto Cabezas, en la Región Autónoma  Atlántico Norte, conocida como RAAN.

La mamá de Andira decidió no pedirle al wihta o juez comunitario miskito que aplicara primero la ley que manda la costumbre, que en este caso es pagar en especie o con dinero a la familia de la víctima.

Con ayuda de una promotora de derechos humanos, ella se decidió a denunciar al vecino que violó a su hija ante la Comisaría de la Mujer y la Niñez en Bilwi. Para eso viajó cinco horas y gastó sus ahorros. Gracias al apoyo del Movimiento de Mujeres Nidia White logró completar los gastos del viaje.

La niña, además del impacto emocional y sicológico, adquirió el virus del papiloma humano durante la violación. Por tanto, tiene que cuidarse de por vida para evitar que se desarrolle cáncer en sus órganos genitales.

La Policía aún no captura al violador y su caso sigue estancado en los juzgados. Su mamá tuvo que dejarla en el albergue, pues no puede costear las idas y venidas de ambas desde la comunidad. Cada vez que puede la visita y le lleva cositas.

Al igual que Andira,  al menos tres de cada 10 mujeres han vivido violencia sexual o física en la RAAN, según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2007.

Delitos más comunes

En la RAAN la violencia sexual encabeza la lista. De enero a agosto de 2010, la Policía Nacional tenía registro de 453 delitos sexuales, la mayoría por violación principalmente a menores de edad. Le seguían 303 denuncias por violencia intrafamiliar.

La capitana María Elena Vado presentó estos datos en un foro sobre Derecho, género y cultura, realizado hace un año en Bilwi. Aunque la Comisionada Carmen Poveda, actual jefa de la Comisaría de Puerto Cabezas, nos prometió los datos del 2011, la información nunca llegó.

 
Pero las mujeres organizadas están claras de la cifra real porque reciben a muchas sobrevivientes. “El trabajo de las organizaciones para visibilizar la violencia ha dado resultado, las mujeres han roto el silencio y comenzado a denunciar”, nos dice satisfecha Neptalia Herrera, que coordina el Colectivo Gaviota.

De enero a septiembre de este año, la RAAN ocupaba el tercer lugar en cantidad de mujeres asesinadas, según datos recopilados por la Red de Mujeres Contra la Violencia, aunque las cifras oficiales no las registran. También hay muchas con lesiones sicológicas, pero no aparecen denunciadas, nos asegura Shira Miguel, quien dirige el Movimiento de Mujeres Nidia White.

“Las acusaciones por daños sicológicos no se están llevando, los jueces las botan por considerar que no hay pruebas, aunque haya un dictamen médico. Sólo lo toman como un agravante”, nos comenta Shira.

Los principales obstáculos

En la RAAN viven 394 mil 752 personas y casi la mitad son mujeres, según datos del Instituto Nacional de Información y Desarrollo. La mayoría vive en comunidades rurales a orillas de ríos y zonas costeras con difíciles vías de acceso. Esto implica altos costos de transporte para llegar a la ciudad donde están las instituciones.

El sistema de justicia es lento, las grandes distancias y el dinero limitado, impiden o complican que las mujeres denuncien o sigan un proceso judicial. “La violencia aumenta por el machismo, el temor y la dependencia económica de las mujeres hacia los hombres. También es frecuente que desistan porque hacen acuerdos fuera de la institución”, nos cuenta Luisa Chamorro, Fiscal de Género en Puerto Cabezas.

 “Los acusadores y defensores públicos o privados buscan a las víctimas, las presionan o engañan y les ofrecen que desistan a cambio de dinero u otra cosa de valor. Y por la pobreza la gente se deja guiar”, asegura Luisa.

La mitad de las mujeres que denuncian violencia abandona el proceso porque hace un arreglo con el agresor, nos dice la funcionaria. Ella reconoce que las notificaciones no se envían a tiempo y que hay expedientes con información incompleta debido al personal y recursos limitados.

La visión desde el otro lado

Quienes aplican justicia no han trabajado sus propias ideas erradas sobre la violencia contra las mujeres y eso obstruye su trabajo. “La misma Fiscalía que representa a las víctimas no cree en su denuncia. Si te violan, te piden testigos de calidad, por ejemplo. Aunque la ley dice que la Fiscalía debe asumir la defensa de una niña aún sin denuncia, eso no se respeta”, nos asegura Shira.

Al menos las dos organizaciones entrevistadas critican el trabajo de la fiscal y aseguran no ver mucha diferencia desde que llegó al cargo.

También se percibe que el gobierno central envía personal a la Costa Caribe como castigo y esto repercute en cómo aplican la justicia.  “Vienen por ser su única opción laboral, no conocen la realidad, la cultura local ni el idioma y muchas veces maltratan y revictimizan a las mujeres”, nos comenta Shira.

Además alegan contradicciones legales que afectan a las mujeres. Aunque no se recomienda la mediación en casos de violencia, el Código Penal sí lo hace. Por tanto, en lugar de seguir el proceso, terminan en mediación.

Los billetes mandan

La influencia del narcotráfico en esta zona es grave. No sólo afecta porque el consumo de drogas contribuye a que las agresiones se den con mayor violencia y saña, sino porque los narcos controlan muchas comunidades con su dinero. Y por ejemplo, el abuso a niñas no se denuncia por temor y se “compran” adolescentes para explotarlas sexualmente, según denuncian organizaciones locales.

Una mujer que trabaja en los Cayos Miskitos nos cuenta que fue golpeada y la intentaron violar mientras vendía comida a los pescadores del sitio. Ella buscó a la wihta de su comunidad, pero los agresores trabajan para un narco y éste las amenazó a ambas, por lo que ella hasta cambió de domicilio.  

“Los narcos y los políticos se parecen, porque igual ponen y quitan wihtas. Además corrompen las instituciones, ahí lo tratan a uno según el color político partidario”, nos dice Neptalia. “Los casos de droga son la prioridad, las mujeres no y ése es un problema de política de Estado”, agrega Shira.

El aspecto cultural

En las comunidades hay autoridades indígenas llamadas wihtas o jueces comunales, quienes administran justicia de acuerdo con sus costumbres y tradiciones. Ahí se aplica el Tala Mana, o pago por la sangre derramada, con una sanción que compensa materialmente a la víctima por el daño recibido, nos explica Edda Moreno, antropóloga indígena de Bilwi.

Edda nos cuenta que nuestros pueblos indígenas aprendieron a violentar a las mujeres “como buenos alumnos, creyendo que lo que hacían los de afuera, los colonizadores españoles e ingleses, era lo correcto, lo bueno, lo moderno”.

“En los pueblos miskitos no existía la violación. Lo que recuerdan nuestros ancianos es el kapaya o tocamiento y lo resolvían aplicando el Tala Mana. Si el hombre tocaba o espiaba a una niña o cualquier mujer, él debía pagar su falta con una vaca”, nos explica la investigadora.

Y añade que si el hombre cometía otra vez el delito, le aplicaban el Pana Mata, es decir lo mataban o encerraban para siempre. Irónicamente el Tala Mana perdura, el Pana Mata no.

El Estado reconoce este tipo de justicia tradicional como Derecho consuetudinario y deja la posibilidad a la víctima de elegir quién debe juzgar su caso. Delitos como la violación, homicidio y asesinato deben ser juzgados por las leyes estatales, no aplicando el Tala Mana, opinan las mujeres organizadas.

“Falta complementar el sistema de justicia comunal y estatal para que no entren en contradicción”, nos comenta Edda. “El Estado se ampara en el Derecho consuetudinario para dejar muchos casos en impunidad. No debe legalizar lo que no es legal”, opina Neptalia.
Y añade que las mujeres del campo están en desventaja. “Las del área urbana toman decisiones después de muchas orientaciones, conocimientos y cuando han comenzado a empoderarse”, asegura la líder.

Siempre firmes

Tanto Shira como Neptalia coinciden en que la justicia está pendiente con las mujeres de la Costa Caribe. Insisten que cuando ésta no se aplica en tiempo y forma, con una atención especializada y eficiente, reconociendo los derechos de las mujeres como dueñas de sus vidas, esto crea un desgaste físico, emocional y económico.

Para ellas, aún falta compromiso de las instituciones, organizaciones y la población. “Para que las mujeres accedamos a la justicia primero debemos ser escuchadas, sin temor a ser discriminadas y que nos den respuesta”, nos dice Neptalia.

Por eso las organizaciones de mujeres siguen levantando la voz exigiendo que se respeten nuestros derechos humanos. La niña Andira sigue pendiente de que su caso se resuelva. “Quiero regresar con mi mamá y mis hermanos”, dice con esperanza. Exijamos que la justicia le permita continuar con su vida. Es lo menos que la sociedad puede darle.

Con la colaboración de Jenniffer Chávez

El aporte de las organizaciones

Reconocer que en muchas comunidades miskitas la gente acude primero a la justicia comunitaria motivó a grupos como el Colectivo Gaviota a trabajar con jueces comunales o wihtas. Ya llevan tres años en procesos de sensibilización y capacitación sobre derechos y violencia.

En la zona hay 40 whitas, la mayoría hombres y 12 mujeres. “Buscamos que los wihtas sepan que hay delitos contra mujeres que no son negociables y que su deber es acompañarlas a que denuncien en las instituciones estatales”, nos dice Neptalia Herrera.

“Lo malo al final no es el famoso Tala Mana, sino el machismo. La justicia comunitaria es importante porque resuelve rápido, pero hay una confusión entre derechos y deberes de las mujeres”, sostiene Neptalia.

Los resultados ya se ven. Un whita acompañó a la familia de una niña de 11 años que fue abusada por un primo. Fueron a poner la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Niñez y sirve como testigo del caso. Pero su periodo como juez comunal finaliza pronto, aunque jura que irá hasta el final.

Para Shira Miguel hay aspectos del Tala Mana que son rescatables. “Al wihta le basta y sobra la palabra de la niña o la mujer que vive violencia. En la ciudad, una va a la Policía y a la Fiscalía y le exigen testigos, pruebas y otros papeles para iniciar una acusación”.

Y compara que en la comunidad el castigo por el delito se resuelve en una o dos reuniones entre las familias; en el sistema de justicia pasan meses y hasta años para obtener una respuesta.

Un refugio importante

El Albergue Nidia White surgió como iniciativa de organizaciones de mujeres locales junto con instituciones estatales y apoyo internacional, bajo el nombre de Centro de Atención Integral a la Mujer Caribeña,  conocido como Caimca.

Ahora se mantiene topado con un grupo de 13 a 17  mujeres y niñas por mes. “Si no tuvieran donde quedarse, no tendrían oportunidad de buscar justicia, pero no damos abasto porque cada semana dejamos de recibir al menos a tres”, lamenta Shira Miguel. Aunque asegura que eso pronto cambiará porque están ampliando el local con ayuda  española.  

En este sitio no sólo se da seguridad, hospedaje y alimento a las sobrevivientes, también se les hacen chequeos médicos y se les ofrece atención sicológica. Además se  les acompaña y asesora en su proceso legal.

Shira adelanta que también trabajan en la creación de un sistema único de atención. La idea es que en un mismo edificio estén todas las instituciones que deben atender y tramitar la denuncia por violencia contra mujeres.

Para contactarlas…

Colectivo Gaviota. Del Hotel USA media cuadra al oeste, Bilwi. Tel. de contacto en Managua: 2266-9680 *Celular: 8933-0580  

Movimiento de Mujeres Nidia White. Barrio Revolución, contiguo a Multi Servicios Augy, Bilwi. Tel.: 2792-1675

Fuentes consultadas:

Memoria del Foro Regional Derecho, Género y Cultura, un desafío para el acceso a la justicia de la mujer multiétnica de la Costa Caribe, FED – HIVOS, 2010. Suplemento Porquéuna ley para prevenir, atender y castigarla violencia contra las mujeres, PATH, RMCV, junio 2011. Monografía El talamana como práctica del derecho consuetudinario para resarcir el daño en comunidades miskitas de la Región Autónoma del Atlántico Norte. ¿Un complementopara el derecho positivo?, de Edda Moreno, 2008.